La Real Sociedad del Tiro Pichón de Huelva ha logrado una primera victoria judicial después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Huelva acordara la suspensión cautelar del proceso de precinto y demolición de sus instalaciones. 
 
La medida afecta al acuerdo aprobado por el pleno del ayuntamiento de Huelva el 28 de noviembre de 2025, que contemplaba el desahucio administrativo de los terrenos que actualmente ocupa la entidad. La decisión judicial llega después de que la sociedad presentara un recurso ante las actuaciones iniciadas en el recinto. 
 
Según recoge el auto, el juzgado aprecia una situación de “especial urgencia” debido a que ya se habían iniciado trabajos materiales de ejecución que incluían demoliciones parciales y el precinto de diversas zonas. El magistrado considera que continuar con estas actuaciones podría ocasionar perjuicios de difícil reparación mientras se resuelve el fondo del litigio. 
 
La resolución también tiene en cuenta la existencia en las instalaciones de bienes, equipamientos y enseres pertenecientes tanto a la propia entidad como a otros colectivos que comparten el espacio. Asimismo, señala la presencia de animales vivos dentro del recinto y la actividad que aún desarrolla el edificio social, incluido su restaurante y los puestos de trabajo vinculados al mismo. 
 
Por todo ello, el juzgado ha acordado detener cautelarmente el proceso y ha concedido al Ayuntamiento un plazo de tres días para presentar alegaciones sobre la conveniencia de mantener o levantar esta medida. 
 
Desde la Real Sociedad del Tiro Pichón de Huelva han valorado positivamente la decisión judicial y aseguran que las actuaciones realizadas hasta ahora provocaron importantes daños en el recinto. Entre ellos destacan desperfectos en la valla perimetral, daños en la pérgola de acceso al bar y la demolición del palomar. 
 
La entidad considera que esta resolución supone un respaldo a la defensa de una instalación histórica vinculada al deporte y a la vida social de la ciudad, al tiempo que garantiza que no se produzcan daños irreversibles mientras continúa el procedimiento judicial.